Son tiempos difíciles para la democracia y el Estado de derecho

Diana Alonso

“El mundo está perdiendo el rumbo. Los conflictos se recrudecen. La pobreza y el hambre aumentan. Las desigualdades se acentúan. La crisis climática es una crisis de derechos humanos que afecta con más intensidad a los más vulnerables. El autoritarismo está en auge en el mundo. El espacio cívico se reduce y los medios de comunicación sufren ataques desde todos los frentes. La igualdad de género sigue siendo un sueño distante”. 

Con esa paráfrasis de António Guterres, Eduardo Ferrer, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dio inicio a su conferencia “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 45 años de incidencia”, a la que asistieron profesores y estudiantes que llenaron los asientos del auditorio D1 el pasado jueves 23 de enero. 

Guterres, secretario general de las Naciones Unidas (ONU), pronunció esas palabras durante el 75° aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en septiembre de 2023. Poco más de un año antes de que Trump fuera reelegido, meses antes de que Milei asumiera la presidencia de Argentina y a unas semanas de que diera inicio la fase actual del conflicto en la Franja de Gaza.

Sin embargo, esa reflexión de Guterres, más parecida a una premonición, no buscaba desalentar a quienes la escucharon, sino insistir en que no había mejor momento que este para respetar y promover los derechos humanos. Del mismo modo, Ferrer la retoma e ilustra un mundo que parece dar marcha atrás, pero que a su vez ha tenido grandes logros en materia de derechos humanos que marcan un estándar de justicia y dignidad.

“Las resoluciones sirven como precedentes que guían la interpretación y la aplicación de los derechos humanos en todo el continente, con la capacidad de influir en políticas públicas, reformas legales y generar un impacto en la opinión pública para poner en el centro los derechos humanos”, dijo durante la presentación Giovanna Ríos Godínez, coordinadora de la maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, que también estaba en el presídium, junto a Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.

“Es fundamental conocer el funcionamiento y las decisiones de la Corte Interamericana en estos 45 años para entender los avances, pero sobre todo los desafíos que enfrentamos hoy como humanidad”, dijo Ferrer y habló de la historia del derecho internacional y de cómo nuestro continente fue precursor en la consideración del derecho de los individuos más allá de las fronteras, con documentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre e instituciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

Ferrer explicó que las declaraciones no son vinculantes, es decir que no obligan a los estados que las reconocen o que están de acuerdo con ellas a cumplir con lo que estipulan. Los tratados y los pactos sí, y gracias a la reforma de 2011, los tratados los que México ha suscrito son parte de nuestra Constitución. 

Fue en 1959 cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entra en funciones hasta 1960 y no es sino hasta 1963 que crea el Sistema de Peticiones Individuales, un medio que permite a un individuo o a un grupo de personas “identificables” denunciar a su propio Estado seis meses después de que todas las instancias de búsqueda de justicia nacionales hayan fallado. 

La Comisión requería un órgano que pudiera emitir sentencias vinculantes a los estados suscritos, un acuerdo que los comprometiera a cumplir, y fue así como en 1969 se aprobó el Pacto de San José, en Costa Rica. 

Para presentar una queja ante la Comisión se debe llenar un formato en su página web. No se necesita adjuntar pruebas, ni ser un especialista. También se pueden hacer denuncias interestatales, es decir entre países. Al día de hoy no se ha registrado ninguna.

Ferrer, quien ha sido vicepresidente y presidente de la Corte IDH, mencionó casos como el de Cabrera García y Montiel Flores, quienes fueron detenidos arbitrariamente y pasaron casi una década en prisión preventiva oficiosa. La Corte encontró al Estado mexicano culpable de esta y otras violaciones a los derechos humanos. Citó también el caso Almeida vs. Argentina, en el que Rufino Almeida no pudo ser indemnizado por las atrocidades que vivió durante la dictadura en ese país, y el caso Niños de la Calle vs. Guatemala, en el que la Corte sentenció que el Estado debía indemnizar a las madres de las víctimas. 

Asimismo, dijo, la Corte puede brindar opiniones consultivas y medidas provisionales como lo hizo en el caso de Digna Ochoa, abogada y defensora de los derechos humanos. “Al día de hoy más de 30 mil personas han sido beneficiadas con estas medidas”, añadió. “Cuatrocientos casos, fíjense. ¿En cuántos años? En 46 años. Muy pocos casos, pero cada caso tiene un efecto transformador que va más allá del caso particular”. 

Ríos invitó a que lo escuchado durante la conferencia sea insumo para generar nuevas realidades sociopolíticas y jurídicas, y que los futuros jueces, abogadas, activistas y políticos presentes se vuelvan efectivos a la hora de defender los derechos humanos.